Una sentencia del Tribunal Supremo traslada el ‘derecho al olvido’ a la matriz de Google aclarando que la filial española no es responsable del tratamiento de datos del buscador.
A menudo algunos clientes nos preguntan cómo deben proceder cuando un negocio cambia de titularidad en lo que hace referencia a los datos personales de clientes.
Pendientes de tener el texto definitivo, que parece que será aprobado a principios de 2016, sí podemos adelantar los aspectos principales de la nueva legislación cuya propuesta ha sido acordada recientemente por el Parlamento y Consejo Europeos.
Con la reciente reforma del Código Penal que afecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se están implantando políticas de Compliance que obligan al empresario a prevenir riesgos penales incluyendo el control sobre les procesos que llevan a cabo los empleados.
La Unión Europea y Estados Unidos han llegado a un acuerdo político llamado EU-US Privacy Shield (Escudo de Privacidad) sobre el nuevo marco jurídico que dé cobertura a las transferencias de datos de carácter personal entre Europa y EEUU.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un informe en el que examina si los centros escolares pueden colocar videocámaras en zonas comunes como patios y comedores, así como que requisitos deben cumplir para ello.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado esta semana el acuerdo con los EUA de Safe Harbor que permitía a empresas europeas alojar datos allí equiparando el nivel de seguridad a tener los mismos datos dentro de la UE.
El ‘derecho al olvido’ es la manifestación de los tradicionales derechos de cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet. Hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legitima.
Uno de los aspectos importantes a protocolarizar en materia de LOPD en lo que hace referencia a la parte legal, es que todos los trabajadores que pueden tener acceso a datos de la empresa firmen el correspondiente compromiso de confidencialidad.
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